¿Universidades o empresas?‏

Por: Hernán Mira Fernández

 La propuesta del gobierno de reformar la  Ley 30 de 1992 está bien centrada en  mecanismos de inspección y vigilancia de las universidades y deja a un lado el respeto  y desarrollo de la autonomía de éstas. Mientras la Constitución del 91 consagra la  “educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función  social” (art. 67) y “garantiza la autonomía universitaria… el Estado facilitará  mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la  educación superior” (art. 69), el gobierno Santos propone universidades con ánimo de lucro y la inyección de capital privado a las públicas con lo que quedarían como especie de empresas  de capital mixto, donde el interés público queda entremezclado con el privado.

 La reforma la presentó el gobierno por su lado,  desoyendo la voz del Consejo Nacional de Rectores de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun, que pidió participar en su discusión y  análisis antes de presentarla a la opinión pública.  Mientras los presidentes y ministros andan siempre del brazo de los empresarios, a quienes sí se les  dan todas las ventajas y gabelas, a las  universidades se las trata como ciudadanas de segunda  clase o de peor familia. Es tanta esta preferencia,  que ahora con esta propuesta se pretenden instituciones de educación superior con ánimo de  lucro como empresas y las públicas con inversión  privada, con lo que se puede mercantilizar la  educación pública desvirtuando su concepto de  derecho que siempre debe ser protegido.

 El grupo de rectores planteaba lo conveniente de  primero expedir una ley estatutaria del derecho a  la educación y la defensa de la autonomía universitaria, lo que no aparece en la propuesta gubernamental. Lo que ahora se propone para financiar un crecimiento en los cupos del 37% y  mejorar la calidad, se invertirían $1,2 billones  públicos y otros tantos privados, eso corresponde  a financiar solo el 15,8% de los nuevos cupos,  menos de la mitad de la meta propuesta.

 El presidente de la Ascun, José Fernando Isaza,  plantea con sobradas razones que destinar impuestos

 a subsidiar sectores menos favorecidos, es una  función fiscal que algunos  descalifican como  asistencialismo. Pero cuando se destinan a favorecer sectores privilegiados los llaman incentivos  para generar riqueza y empleos, que tantas veces  no se ven. Así las cosas, no es para nada extraño  que la concentración del ingreso en Colombia  después de impuestos es muy igual a la de antes  de impuestos, dice Isaza. Mientras el índice de  concentración (Gini) después de impuestos en  países desarrollados, mejora hasta en 8 puntos.  De acuerdo con esto, entonces, sería más el  beneficio del capital privado en su participación  en la educación pública que el logro de acceder a  la universidad de las clases más desfavorecidas.  Al pueblo nunca le toca, como en el conocido libro de Salom Becerra.

Secretaria de Comunicaciones
Asociacion Colombiana de
Estudiantes Universitarios 
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Publicado el 12 mayo, 2011 en Noticias. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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